Rechazaron la denuncia de los abogados del ministro Filomena contra el diputado Charly Pereira

El diputado de Unidos por San Luis, Charly Pereira fue uno de los que alzó la voz a mediados de año para pronunciarse en contra del nombramiento por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá, de 30 funcionarios en el ministerio público sin haber pasado por las audiencias de evaluación técnica.

A raíz de su posición en la Cámara Baja, varios funcionarios y asesores del Gobierno provincial pidió al Colegio de Abogados sanciones disciplinarias encuadradas en el artículo 35 de la Ley de Colegiación contra el legislador de la oposición.

La presentación fue realizada por el asesor legal, Iván Cali Velazco, la jefa del Programa Gobierno y Vinculación Parlamentaria, Romina Zoppi Dip y el jefe del Subprograma Innovación y Actualización Legislativa, Germán Codorniu. Todos son subordinados del ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena, quien intervino en el proceso de selección “a dedo” que se hizo en Terrazas del Portezuelo.

“Amigos del ministro Filomena que le servían el café ahora son los titulares del poder punitivo de la Provincia que van ser los responsables de sancionar y castigar cuando eventualmente haya delitos. Es decir, le hemos dado a ese perfil de personas la titularidad de la acción punitiva del Estado”, fue parte de lo que dijo en esa sesión Pereira (PRO), y que generó la reacción de los colaboradores del ministro político del Gobierno provincial.

Tras el reclamo de sanciones, el Colegio de Abogados resolvió no hacer lugar a la formación de una causa disciplinaria en contra del diputado.

Antes de esto, Pereira había negado que las expresiones realizadas en esa sesión hayan sido “tal como interpretan de manera forzada y maliciosa los letrados denunciantes”. E hizo referencia a ciertos institutos, interpuso excepciones y realizó una serie de planteos.

Además, impugnó la prueba ofrecida por los acusantes y propuso otra testimonial.

Para dar su posición, desde la entidad que nuclea a los letrados tuvieron en cuenta que a lo largo de la historia han “promovido el trato adecuado entre los abogados, con prescindencia de la circunstancia o lugar en la que se encuentren” para cumplir con la función de “velar por el decoro y la armonía de relaciones de los matriculados”.

En los argumentos, el Colegio recordó a las partes que “mantener el trato decoroso para con las pares es un deber” y repudió “cualquier tipo de descalificación a los matriculados y hacia la propia institución”.

A su vez, recordaron que según la ley que los rige “el trámite disciplinario se iniciará por ante el directorio del Colegio el cual requerirá las explicaciones o descargos y resolverá si hay o no lugar a causa disciplinaria, debiendo girar en caso afirmativo las actuaciones al Tribunal de Ética”.

Finalmente, y previo a rechazar la aplicación de sanciones contra Pereira, la institución advirtió que “los hechos ventilados no se encuentran reñidos o vinculados directa o indirectamente con el ejercicio de la profesión de abogado”.